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La investigación por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado fue girada al Juzgado Federal de Ushuaia a cargo de Federico Calvete. La causa volverá a reabrirse tras un fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia en el que se revocó el sobreseimiento de los gendarmes imputados y se apartó al juez federal Gustavo Lleral y el cierre del expediente.
Al ordenar por segunda vez la reapertura de la causa, la Cámara instó al nuevo juzgado a que «adopte máxima diligencia y premura en la producción de las medidas de prueba» pendientes, «así como todas aquellas que estime pertinentes, a los fines de procurar un significativo avance procesal en tiempo breve». Los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez decidieron apartar a Lleral, a cargo del juzgado federal de Rawson, y el caso pasó a manos de su par Calvete, del juzgado federal de Ushuaia.
«Es positivo aunque tardío, porque desde septiembre de 2019 se perdió tiempo. Justicia sería que Santiago estuviera con vida, y algo bueno en serio sería que Lleral fuera sancionado por dormir la causa y hacernos perder tanto tiempo. Es auspicioso, y aunque llega tarde es necesario», dijo Sergio Maldonado, uno de los hermanos de Santiago, quien se aprontaría a viajar a Tierra del Fuego.
«Los gendarmes siguen imputados (Emmanuel Echazú, Juan Pablo Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Ferreyra), estaban sobreseídos pero nunca fueron absueltos como dijeron. Es decir que continúa la investigación, no se puede descartar la desaparición forzada con un juez que no investigó, todas las medidas que pedimos no las hizo, por ejemplo, la reconstrucción de los hechos, el peritaje del DNI y los billetes (que estaban entre las ropas de Santiago), la declaración testimonial de Lucas Pilquiman con nuestra presencia, con el paso del tiempo algunas cosas se fueron perdiendo», agregó. A modo de ejemplo, Maldonado mencionó que en el bastón retráctil que llevaba su hermano aparecieron huellas con un ADN masculino que nunca fue analizado. El fallo de la Cámara chubutense enumeró varias de estas medidas pendientes. «Todo lo que había que hacer no se hizo», sintetizó el mayor de los Maldonado. Y agregó que este fallo es producto de la tenaz y persistente labor de su abogada, Verónica Heredia. La apelación también había sido presentada por la fiscala general Verónica Escribano.
Los camaristas ratificaron la posición que habían tenido en anteriores intervenciones en este expediente, en cuanto a descartar la hipótesis de la desaparición forzada del joven tatuador anarquista. A partir de la página 9, los jueces Leal de Ibarra y Suárez reafirmaron que «la pesquisa debe continuar». Y recordaron que en su anterior pronunciamiento del 5 de septiembre de 2019 sostuvieron que «los elementos probatorios incorporados al expediente eran suficientes para descartar una sola de las hipótesis que se venían planteando en torno al deceso de Santiago Maldonado; consistente en que aquél había sido privado de su libertad durante el procedimiento llevado a cabo en el Pu Lof, y luego conducido, de manera clandestina y sin reconocer dicha detención, hacia un lugar distinto en que le provocaron la muerte».
En base al informe final de la autopsia y a la ausencia de testimonios respaldatorios sobre el rol de Gendarmería en la desaparición del cuerpo habían establecido que era justificado abandonar «ese cauce investigativo en singular», pero entendieron que «ello no autorizaba a dar por concluida la causa, puesto que existían otros interrogantes que restaba despejar antes de poder afirmar -como proponía el magistrado de la anterior instancia- que el deceso de Maldonado no podría haber sido el fruto de otras maniobras eventualmente aptas para merecer reproche penal». Por ende, encomendaron «profundizar la investigación para poder evaluar, desde una posición más firme, si sus artífices debían responder o no por lo ocurrido, sea por la influencia que los acusadores le atribuyeron a las autoridades en el desenlace fatal, o por la manipulación que el cadáver podría haber sufrido durante los días previos a su hallazgo».
Sin embargo, en la resolución de 26 páginas los camaristas reafirmaron lo que vienen denunciando las querellas de la familia y de los organismos de derechos humanos: la necesidad de saber qué rol tuvieron los gendarmes de cuatro escuadrones que reprimieron con balas, vehículos y piedras a los mapuche que reclamaban por el encarcelamiento de su lonko, Facundo Jones Huala. Esto es, Maldonado no se ahogó de casualidad ni en soledad sino que fue víctima directa de una represión brutal de la Gendarmería, entonces al mando de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el 1 de agosto de 2017. La premura que los jueces le imprimieron al juez Calvete responde a que a casi siete años de los hechos sigue pendiente que el Estado diga cuándo, dónde y cómo murió, porque su cuerpo sin vida apareció dos meses y medio más tarde.
Estos camaristas escribieron que, además de la familia Maldonado y el resto de las querellas, la sociedad entera tiene el derecho a “saber cómo se desarrollaron los acontecimientos, cuál fue el escenario y eventualmente, quiénes son los responsables que llevaron o contribuyeron a tal luctuoso desenlace, sin poder permitirse que las líneas de investigación queden truncas o sean dirigidas en una única dirección”.
Al momento de apartar al juez Lleral, los camaristas mencionaron el precedente de la Cámara de Casación «en un caso de similar trascendencia y gravedad institucional vinculado con la presunta desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro», que resultó en la separación de la jueza federal María Gabriela Marrón. La designación del juez Calvete en el caso Maldonado deberá ser confirmada por la Corte Suprema. Mientras Lleral pisaba el expediente, el fiscal Federico Baquioni había tomado declaración a una testigo que abona todas las sospechas de la familia respecto del rol de Gendarmería. Acaso esta reapertura implique que vuelva a ser escuchada.
«Verdad y justicia por Santiago»
Las demás querellas ponderaron de manera positiva el pronunciamiento de la Cámara de Comodoro Rivadavia. Diego Morales, director de Litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), dijo a Página12 que «la decisión es sumamente importante porque critica al juez Lleral por no haber avanzado con las medidas de prueba que la propia Cámara le había ordenado en 2019, cuando ya en aquel momento ese juez había decidido cerrar la causa sin investigar las causales de muerte de Maldonado». Morales destacó que el Tribunal separó al juez Lleral al decir que «hubo un indebido e injustificado apartamiento de las órdenes que le había dado esa Cámara, por lo tanto está sospechada su imparcialidad en el expediente». A su criterio, «el fallo es muy relevante porque revisó el sobreseimiento de aquellos funcionarios de Gendarmería que participaron del desalojo de la ruta 40 el 1 de agosto de 2017 dictado por Lleral». Al mismo tiempo, el abogado del Cels dijo que esperan que «la designación de un nuevo juez traiga información y verdad al caso Santiago Maldonado, sobre todo teniendo en cuenta que murió después de una intervención violenta por parte de Gendarmería» en una comunidad mapuche, la Pu Lof en Resistencia de Cushamen».
Por su parte, Guillermo Torremare, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), evaluó que la producción de pruebas pendientes ordenada por los jueces de la Cámara es «exactamente todo lo que habíamos pedido en nuestra condición de querellantes». El letrado manifestó que los camaristas «dieron valor a todos nuestros argumentos y dictaron un pronunciamiento justo que abre la posibilidad de que haya justicia para Santiago». Torremare agregó que «hay que avisarle a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien se cansó de decir que los gendarmes habían sido absueltos y que nosotros éramos mal intencionados». En tanto, la abogada Margarita Jarque, de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) saludó la resolución «para que se siga la investigación tal como la había indicado la propia Cámara».