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La decisión de YPF de abandonar su operación en el flanco norte de Santa Cruz ya es oficial y está generando un impacto significativo en el plano laboral. Con una transición que culminará el 28 de febrero, la empresa puso en marcha un programa de retiros voluntarios para unos 2.500 operarios, con el objetivo de reducir más del 50% de la dotación en esa región y la administración de la operación en manos de CGC.
Como en la época de Carlos Menem, la Empresa de bandera se hace cargo de las indemnizaciones y despidos para entregarle a los nuevos dueños una empresa «Saneada» asumiendo todos esos costos a cargo de la empresa de Bandera.
Previo a esto, la compañía estatal ofrece una indemnización especial del 120% hasta el 31 de enero, que se reducirá al 100% durante febrero. Además, aquellos trabajadores que cumplan con los requisitos para jubilarse recibirán 13 sueldos y un bono adicional del 20% correspondiente al primer mes del año.
El retiro de YPF afecta tanto a los trabajadores directos como a los de empresas tercerizadas de perforación, que tampoco continuarán en la nueva etapa. Según un Delegado del sector, “CGC no operará directamente, sino que administrará los yacimientos, delegando parte de la operación a otras empresas como Crown Point, Roch y PECOM”. Este esquema no contempla el uso de equipos perforadores en un inicio, lo que disminuye aún más la demanda de personal.