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La Cancillería argentina emitió un comunicado al cumplirse el 192° aniversario de la ocupación de las Islas Malvinas por parte de Gran Bretaña, en el que reafirmó “sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía” sobre el archipiélago y los espacios marítimos circundantes. Además se mostró dispuesta “a reanudar las negociaciones bilaterales que permitan encontrar una solución a esta disputa”. Y cuestionó la exploración y explotación de recursos naturales que realizan los británicos en la zona.
“El Gobierno argentino manifiesta una vez más su disposición a reanudar las negociaciones bilaterales que permitan encontrar una solución a esta disputa de soberanía y dar fin a la situación colonial en la Cuestión de las Islas Malvinas, de acuerdo a lo dispuesto por las resoluciones pertinentes de la Asamblea General”, expresa la publicación del ministerio al mando del canciller Gerardo Werthein.
Por eso, en estas circunstancias se deja constancia que “el Gobierno argentino desea mantener una relación constructiva con el Reino Unido que contemple un diálogo sustantivo que incluya a las negociaciones de soberanía y todo el resto de temas de interés común, en el marco del mandato de nuestra Constitución Nacional y de la resolución de la Asamblea General 2065 (XX) y otras resoluciones de Naciones Unidas”.
En el comienzo del texto, la Cancillería describe como fue el proceso histórico que derivó en la ocupación de ese territorio que en 1833 tenía a Luis Vernet como gobernador. “El 3 de enero de 1833, las Islas Malvinas fueron ilegalmente ocupadas por fuerzas británicas que desalojaron a la población y a las autoridades argentinas allí establecidas legítimamente, reemplazándolas por súbditos británicos. Desde los primeros momentos como nación independiente, la Argentina había ejercido sus derechos de soberanía sobre estos archipiélagos y espacios marítimos, atento a su carácter de heredera de las posesiones de España en América del Sur. La acción del Gobierno británico constituyó un acto de fuerza en tiempos de paz, contrario al derecho internacional y nunca consentido por el Gobierno argentino, que de inmediato presentó sus protestas”.