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A partir del primero de mayo está prevista una nueva actualización del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) que las petroleras –YPF, Shell, Axion y Puma Energy– trasladarán al surtidor. El aumento en los precios de la nafta y el gasoil será de al menos 8% en caso de que la suba del tributo contemple la inflación completa del cuatro trimestre de 2023, tal como estaba previsto originalmente, a lo que podría sumarse la devaluación mensual del 2% que aplica el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el camino a valores internacionales que emprendieron las empresas del sector.
El Gobierno no descarta que ese incremento del 8% se aplique en dos tramos divididos entre el mes que viene y junio para no sumar mayor presión al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. Una vez resueltos los traslados pendientes del 2023 quedará en estudio la posibilidad de postergar nuevas subas del tributo, lo que dependerá de la evolución del indicador en abril y mayo.
Es que el “sinceramiento” en precios regulados que comenzó el 10 de diciembre pasado, incluso con algunas marchas y contramarchas, complicó el objetivo oficial de llegar a una inflación de un dígito lo más rápido posible.
Por caso, el ICL estuvo congelado desde mediados de 2021 hasta febrero pasado, cuando comenzó a aplicarse la primera de cuatro cuotas de incremento en base a la inflación trimestral de 2021 y 2022 según lo dispuesto por la Secretaría de Energía. El Ministerio de Economía espera sumar 0,5 puntos del PBI adicionales este año por este concepto para compensar el intento fallido en el Congreso de subir las retenciones con la primera “Ley Bases”. Una especie de atajo que encontraron para ayudar a sostener superávit fiscal.