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Desde el inicio de la era Milei, los movimientos de los representantes legislativos de la Unión Cívica Radical (UCR) han sido un punto decisivo en el devenir del Congreso. Entre desencuentros y fragmentaciones, nuevas alianzas y sorpresivos cambios de decisión, algo no mutó: su caudal de votos lo sostienen como un factor decisivo para definir el futuro de las leyes. En el Senado, donde se expresaron con mayor antagonismo, aportaron a los principales fracasos parlamentarios del Gobierno. Allí Pablo Blanco ocupó un relevante lugar, respaldando proyectos oficialistas pero con una marcada identidad opositora.
Diputado durante cuatro ciclos y senador hasta diciembre del 2025 en representación de Tierra del Fuego, se ubicó en la vereda opuesta a determinadas iniciativas de privatización de La Libertad Avanza para respaldar a las compañías que, según defiende, garantizan el federalismo en los territorios. Fue conocido su rol, por ejemplo, para evitar incluir a Aerolíneas Argentinas, Radio Nacional y Correo Argentino en la lista de empresas susceptibles de ser privatizadas. Su nueva disputa es la defensa del régimen impositivo que rige en su provincia para estimular la industrialización, ante el pedido de eliminación del FMI en su nuevo acuerdo con la gestión nacional.
En simultáneo, respaldará el proyecto oficialista de Ficha Limpia (posición unánime del bloque de la UCR) y, en diálogo con Ámbito, también acompañó las últimas decisiones económicas de la actual gestión: “Creo que las medidas van en el camino correcto. Recién estamos en la primera semana, así que vamos a ver cómo funciona”.
Periodista: Usted estuvo impulsando la creación de una comisión investigadora por la criptomoneda $LIBRA. ¿Cree que están las voluntades?
Pablo Blanco: El proyecto que no pudimos aprobar en el Senado está ahora en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Seguramente la próxima semana, después de la sesión, veremos qué voluntad hay. También debe ser convocada la Comisión de Presupuesto, que es presidida por el senador Atauche. Vamos a buscar que llegue a ambas comisiones; hay que ver si podemos convencer al presidente del bloque libertario porque nos parece necesario discutir este tema. Independientemente de esto, por suerte, ya está funcionando en la Cámara de Diputados.
P.: Aunque este proyecto en su momento no llegó a los dos tercios, tuvo una amplia mayoría opositora. Lo mismo sucedió con el caso Kueider y también con los pliegos de los jueces. ¿Piensa que se puede replicar para otros temas?
P.B.: Creo que es de acuerdo al tema que se presenta. En el caso de Kueider, si bien nosotros teníamos una opinión distinta, tuvimos que tomar una definición en ese ámbito de sesión. Con todo lo que trascendió, después de esta decisión del Senado, en buena hora que fue expulsado. Con respecto a los pliegos, era un final anunciado. Por distintas cuestiones, varios bloques ya habían manifestado que no había voluntad de aprobar los pliegos. Inclusive, en el bloque de la UCR, el presidente había reiterado la necesidad de que los pliegos sean retirados porque no había la voluntad voluntaria de aprobarlo. Pero bueno, el Gobierno insistió, fue cabeza dura, y el Senado rechazó ambos pliegos. Desde mi punto de vista, fue una decisión desacertada por parte del Ejecutivo, porque puso a un juez federal de Comodoro Py a exponerse a un rechazo del Senado.
P.: ¿Qué salida ve para los lugares que quedan vacantes para la Corte Suprema?
P.B.: La salida es que el Presidente de la Nación proponga a nuevos candidatos; que dentro de esos candidatos haya una mujer para reemplazar a Elena Highton de Nolasco; y seguramente conversar, porque creo que hace falta. Pero me parece que, más allá del apuro de la Corte Suprema, lo que debería apurar al Gobierno es cubrir todos los cargos que hay de administración diaria de justicia. Son más de 200 cargos en distintos juzgados y fiscalías, que hace más de un año están vacantes.
P.: ¿Cuál piensa que tiene que ser la agenda que debe llevar el radicalismo desde las provincias al recinto?
P.B.: No solamente el radicalismo, sino que los representantes de las provincias en su conjunto tienen que prestar atención a lo que el Gobierno nacional firmó como entendimiento con el FMI, en donde hablan -entre otras cosas- de la discusión de la coparticipación. Teniendo en cuenta la opinión del Gobierno nacional sobre las provincias y la opinión que, no cabe ninguna duda, tiene el FMI, las provincias deberían estar muy atentas a este compromiso que asumió el Gobierno Nacional en la rediscusión de la coparticipación. Si hay un tema que el tiempo no va a solucionar es este: se está dejando pasar y quienes están siendo perjudicados por este tema son las provincias. Entonces hay que ponerse firmemente a trabajar con los gobernadores para tratar de sacar adelante una nueva norma que responda a las necesidades del equilibrio fiscal en general, pero también del equilibrio fiscal de las provincias. Y no superar el déficit fiscal de la Nación a costa de recursos que son de las provincias.